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La FSG lamenta la oposición del Congreso a tramitar la Ley de Igualdad de Trato, que considera más necesaria que nunca en tiempos de crisis[editar]

Es vital la incorporación a la legislación española de una Ley Integral de Igualdad de Trato que incluya las garantías necesarias para impulsar la no discriminación

13 de Septiembre de 2012
FSG

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La Fundación Secretariado Gitano (FSG) lamenta el rechazo del Congreso a tramitar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, una ley muy esperada para luchar contra una de las barreras que aún quedan en el reconocimiento y la aplicación real y efectiva de la igualdad, y más necesaria si cabe en estos tiempos de crisis, en los que es necesario aumentar las garantías frente a la discriminación.

El Pleno del Congreso se opuso el martes, 11 de septiembre, a la tramitación del proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación elaborado en 2011 por el Gobierno socialista pero que, debido al adelanto de las elecciones generales, nunca llegó a aprobarse. Registrado ahora en la Cámara como proposición de Ley por el Grupo Socialista, su tramitación fue rechazada por la oposición del Grupo Parlamentario Popular y UPN y el único apoyo de la Izquierda Plural.

En la Fundación Secretariado Gitano (FSG) lamentamos el rechazo a tramitar esta Ley, muy esperada para luchar contra una de las barreras que aún quedan en el reconocimiento y la aplicación real y efectiva de la igualdad, y más necesaria si cabe en estos tiempos de crisis, en los que es necesario aumentar las garantías frente a la discriminación.

Desde la FSG – que junto con otras entidades sociales ha participado activamente en el proceso de reflexión y elaboración del anterior Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, consideramos vital la incorporación a la legislación española de una Ley Integral de Igualdad que, como recogía ese proyecto, incluya las garantías procedimentales, sancionadoras e institucionales necesarias para impulsar la no discriminación en nuestro país, destacando las siguientes:

  • La creación de una Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación  como organismo independiente encargado de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de las causas previstas en la Ley, tanto en el sector público como en el privado.
  • La designación por parte del Fiscal General del Estado de un Fiscal de Sala delegado para la tutela de la igualdad de trato y la no discriminación.
  • El mandato de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recaben los datos sobre el componente discriminatorio de las denuncias cursadas y los procesen en los correspondientes sistemas estadísticos de seguridad.
  • La definición y regulación de la discriminación múltiple y de las medidas de acción positiva adecuadas a este tipo especifico de discriminación por su especial trascendencia para el desarrollo de las políticas de igualdad dirigidas a las mujeres.
  • La trasposición completa de las directivas europeas sobre Igualdad de Trato (43/2000 y 78/2000) incluyendo un mejor servicio de asistencia y acompañamiento integral a las víctimas de discriminación.
  • La regulación del derecho a la Igualdad de Trato en el ámbito educativo;
    • Estableciendo la necesidad de programas específicos de refuerzo, acompañamiento y sensibilización para el alumnado que se encuentre en situación desfavorable.
    • Excluyendo de la financiación pública a los centros educativos (públicos o privados) que desarrollen actuaciones discriminatorias.
  • La inclusión de un régimen de infracciones y sanciones que contribuya a que toda la sociedad tenga una visión crítica de las conductas discriminatorias.  
  • La regulación de la carga de la prueba como un instrumento clave en los procesos sobre discriminación.

En el actual momento de crisis en el que vivimos, los comportamientos discriminatorios proliferan, siendo necesario aunar esfuerzos para que todas las personas puedan gozar de un trato igualitario en todos los ámbitos, especialmente en educación, empleo, vivienda, salud y en el acceso a bienes y servicios.

La comunidad gitana sigue siendo un grupo altamente rechazado en nuestro país y la discriminación es una barrera para la inclusión social de esta minoría étnica. Por ello, en la Fundación Secretariado Gitano consideramos imprescindible que todos los agentes implicados en esta materia aunemos esfuerzos, siendo necesario un apoyo contundente del gobierno español, para que se garantice la no discriminación de la comunidad gitana tanto en el ámbito público como en el privado.

Una de las herramientas imprescindibles para ello es la aprobación de una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, que disponga de las garantías necesarias para que todas las personas gocen de una igualdad real y efectiva. VOLVER A LA SALA DE PRENSA